¿Es posible blindar el derecho al aborto en la Constitución? Todas las claves de lo que se necesita para la reforma
- El Gobierno propone incluir el derecho al aborto en la Constitución
- Se precisarán amplios consensos para poder sacar adelante dicha reforma
El Gobierno ha anunciado este viernes su intención de modificar la Constitución para que recoja el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo "para consagrar la libertad de las mujeres". Lo hace después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara una iniciativa de Vox, apoyada por el PP, que establece que los centros municipales. ¿Pero es factible esa reforma constitucional?
De salir adelante esta modificación de la Carta Magna, que sería la cuarta desde 1978, España se convertiría en el segundo Estado del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.
Sin embargo, para que fuera posible se tendrían que conseguir unas mayorías parlamentarias más amplias que las que permitieron la investidura de Pedro Sánchez en 2023.
Se precisa un amplio consenso para reformar la Constitución
Para poder iniciar el camino hacia esta nueva reforma constitucional, se precisa un amplio consenso, algo que se prevé imposible en esta legislatura dada la aritmética parlamentaria que hay, y especialmente por la diferencia de posicionamientos políticos que tienen PP y Vox en lo que al aborto se refiere.
La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Ana Carmona ha advertido en declaraciones a RNE de que esta reforma "solo será viable si se cumplen los requisitos que establece la Constitución para abordar una modificación de estas características", algo que ha considerado que sería "bastante dudoso que se pudiera alcanzar".
También el magistrado Joaquim Bosch ha puesto el acento en que habrá "más dificultades políticas" que jurídicas para aprobar la modificación constitucional, porque, según ha explicado en declaraciones en La Hora de La 1, haría falta que "el PSOE y el PP al menos estuvieran de acuerdo".
Para incluir el derecho al aborto en la Constitución, hay dos posibilidades de reforma: una más compleja que implicaría modificar el título sobre derechos fundamentales y para lo que se precisaría una mayoría de dos tercios de Congreso y Senado, y otra relativamente más sencilla, que no afectaría a un derecho fundamental y que requeriría la mayoría de tres quintos de ambas Cámaras.
Reforma de derechos fundamentales
La catedrática de Derecho Constitucional de la UNED Yolanda Gómez Sánchez y la de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla han asegurado que una posibilidad sería tocar el artículo 15, que versa sobre el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y que está dentro del título de derechos fundamentales y libertades públicas.
El artículo 15 "sería una ubicación idónea donde meter el derecho al aborto", ha explicado Gómez Sánchez en declaraciones a RNE.
Pero también la catedrática de la UNED ha incidido en que se podría incluir en el artículo 17 que trata de la libertad. En cualquier caso, ha remarcado, se trataría de una reforma "agravada", para lo que se precisaría que hubiera un "consenso político muy amplio", pues se tendría que aprobar con una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
En cualquier caso, en esta legislatura se prevé imposible que ocurra porque en el primer trámite, que sería la votación en el Congreso, es complicado lograr el voto a favor de 233 diputados, puesto que solo hay 180 que no sean del PP y Vox, partidos que se han mostrado totalmente en contra.
Pero además, cuando llegara la votación al Senado, sería aún más difícil que fuera aprobada porque se precisaría el apoyo de al menos 176 parlamentarios, algo que se antoja totalmente imposible dada la amplia mayoría del PP en la Cámara Alta.
Un referéndum vinculante
En el hipotético caso de que la reforma viera luz verde en las Cortes, aún se deberían dar otros pasos más para que la Constitución fuera finalmente modificada para incluir el derecho al aborto.
"Una vez que se aprueba la iniciativa de reforma, la Constitución prevé la inmediata disolución de las Cortes Generales. Se convocarían elecciones y las siguientes Cortes tendrían que tramitar efectivamente la reforma de ese artículo de la Constitución para incorporar el aborto", explica la catedrática de la Universidad de Sevilla.
Además, "una vez terminado ese procedimiento, la última palabra la tendría la ciudadanía en un referéndum cuya celebración, dice la Constitución, es obligatoria y su resultado vinculante", añade Carmona.
Otra opción más sencilla, pero no exenta de dificultades
Otra posibilidad, apunta la catedrática de la UNED, es retocar el artículo 43, que versa sobre la protección de la salud, y que ya no sería un derecho fundamental. De hecho, es lo que propondrá Sumar retocar. "Necesitaríamos una mayoría cualificada, pero no tan gravosa", asegura.
También el magistrado Joaquim Bosch cree que esta posibilidad sería algo más fácil de lograr porque "sería suficiente con una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado". En este caso, se necesitarían 210 diputados y 159 senadores a favor, unas cifras que son también difíciles para el Gobierno de coalición.
No obstante, si se aprobara en el Congreso y en el Senado no, la Constitución en su artículo 167 da pie a que se creara una comisión de diputados y senadores que presentara un texto, el cual requeriría solo de mayoría absoluta en la Cámara Alta, pero en la Cámara Baja serían necesarios 233.
Otras reformas constitucionales
Hasta ahora ha habido tres reformas de la Carta Magna. La primera fue en 1992, cuando se aprobó que ciudadanos de la UE pudieran votar en las elecciones municipales y que pudieran ser elegidos concejales.
La segunda modificación se produjo en 2011, cuando se aprobó la reforma del artículo 135, gracias al acuerdo de PP y PSOE para establecer una regla de gasto que limite el déficit y la deuda de todas las administraciones públicas.
Y la tercera y última reforma tuvo lugar en 2024, cuando se aprobó retocar el artículo 49 para suprimir el término disminuidos y sustituirlo por el de "personas con discapacidad", una reforma que contó con una amplia mayoría -tan solo Vox votó en contra- y que había sido impulsada por PP y PSOE.
