El Gobierno propone incluir el derecho al aborto en la Constitución para "consagrar la libertad de las mujeres"
- También impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica
- La reforma constitucional requeriría una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado
El Gobierno ha anunciado este viernes que propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna "para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres", y además, impedirá que las que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica, empezando para ello por la modificación del Real Decreto 825/2010.
Según han explicado fuentes del Ejecutivo, se da este paso en "un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos", después de que este martes en el Ayuntamiento de Madrid se aprobara una iniciativa impulsada por Vox y apoyada por el PP por el que se establece que en los centros municipales se informaría de un "trauma posaborto".
"El Gobierno combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres", han sostenido fuentes de Moncloa. Y han añadido que el Ejecutivo continuará trabajando "para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo".
La reforma constitucional
La principal medida que impulsará el Gobierno será un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, que requiere una mayoría cualificada para su aprobación en el Parlamento. La última reforma de la Carta Magna fue en enero de 2024 cuando se aprobó eliminar el término 'disminuido' y sustituirlo por 'persona con discapacidad'.
Fuentes del Ejecutivo recuerdan que el propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia de 9 de mayo de 2023.
De aprobarse la reforma constitucional, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que en 2024 lo hiciera Francia, país que tenía despenalizado el aborto desde 1975.
Sumar ya propuso la reforma en 2024
Precisamente en marzo de 2024, Sumar ya reclamó introducir en la Constitución el derecho al aborto, aunque entonces, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo descartó al considerar que no se daban "las condiciones" porque requería de "enormes consensos".
Este viernes, en la red social Bluesky, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que su grupo parlamentario ya presentó la propuesta y ha defendido que es "hora de votarla en el Congreso".
Y en un acto en Valencia con alcaldes de municipios afectados por la dana, Díaz ha avisado al PP que las mujeres españolas no van a dar "ni un paso atrás, al revés, paso adelante". Asimismo ha denunciado la "hipocresía que hay" en este asunto, pues ha asegurado que "los mismos que impiden los abortos, permiten que la red privada los practique, a veces en condiciones no adecuadas".
Además, el Grupo Parlamentario de Sumar ha anunciado este viernes que va a presentar en el Congreso la propuesta de reforma del artículo 43 de la Constitución "como vía para proteger y amparar con carácter definitivo la autonomía y el bienestar físico, emocional, mental y social de todas las mujeres".
Así, según Sumar, el artículo 43 incluiría un punto 4 en el que "se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física".
Contra la información falsa o engañosa
Además, el Gobierno también quiere impedir "la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo", para lo que se modificará el Real Decreto 825/2010.
Con esta modificación, se establecerá la obligación de que toda la información que se brinde sobre el aborto "tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)".
Ya este miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que "no existe un síndrome posaborto como diagnóstico clínico", y avanzó que su departamento estudiaría la legalidad de la propuesta del Ayuntamiento de Madrid.
Entre tanto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, reconoció también este jueves que el "síndrome posaborto" no era una "categoría científica reconocida".
Sánchez acusa al PP de "fundirse con la ultraderecha"
En un mensaje en la red social X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado que si el PP quiere "fundirse con la ultraderecha", no puede hacerlo "a costa de las libertades y los derechos de las mujeres". "Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás", ha añadido.
La ministra de Igualdad ha emplazado al PP a respaldar el blindaje constitucional del derecho al aborto. "Tienen que elegir de qué lado está, si están con las mujeres o con la extrema derecha de Vox", ha advertido Redondo en declaraciones a los medios antes de un acto en Valladolid.
La ministra de Igualdad ha defendido que hay que "dar el salto constitucional" ante la "ola reaccionaria", donde la "derecha extrema y la extrema derecha" están "intentando socavar los derechos fundamentales" de las mujeres".
En este sentido, Redondo ha mostrado su confianza en lograr el respaldo a la medida, ya que, ha afirmado, hay "una amplia mayoría social que respalda los derechos y la igualdad de las mujeres", y está "representada en el Congreso".
Sin embargo, el PP ha rechazado apoyar la reforma constitucional y ha acusado a Sánchez de "usar" el aborto para "tapar" la situación judicial de su mujer, imputada de cinco delitos.
Al respecto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado a los 'populares' a "decidir si está al lado de las mujeres y sus derechos o si está al lado de las derechas reaccionarias".
Cuarenta años de la despenalización del aborto en España
Precisamente este año se conmemora el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España. En 1985, se aprobó la primera ley del aborto (la Ley Orgánica 9/1985) que lo despenalizó en tres supuestos: en cualquier momento si existe "un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada"; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con "graves taras físicas o psíquicas".
Aún así, esta primera ley contemplaba penas de seis meses a un año de cárcel (o multa de 6 a 24 meses) para las que abortaran fuera de los tres supuestos.
En 2010, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una nueva ley del aborto, en la que se regulaba por primera vez el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación.
Posteriormente, el Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy trató de aprobar una ley más restrictiva que la de 1985, pero el anteproyecto redactado por el Ministerio de Justicia, que en aquel momento dirigía el 'popular' Alberto Ruiz Gallardón, fue finalmente retirado en 2014 por el Gobierno por no haber encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante.
En 2023, el Ministerio de Igualdad impulsó una nueva ley del aborto que amplió los mecanismos para garantizar el acceso a este derecho, y que garantiza la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos, elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años, y regula la objeción de conciencia.
Asimismo, la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal y tipifica como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo.
