Presión social y negocios en el aire: cuatro empresas españolas, señaladas por operar en la ocupación israelí
- La lista de la ONU destaca a CAF, que niega vulnerar derechos humanos con su proyecto de tren ligero en Jerusalén Este
- También figuran ACS y SEMI por el uso de recursos naturales, y la estatal Ineco, que asegura que ya se está desvinculando
- DIRECTO: sigue la última hora de la masacre en Gaza
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Durante una hora, entre las 10 y las 11 de la mañana de este miércoles, parte de la plantilla de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) paró de trabajar. Dejaron su puesto y se concentraron fuera de los edificios con banderas de Palestina para exigir a la dirección de la empresa el cese del contrato con Israel para la construcción del tren ligero en Jerusalén Este, considerado territorio palestino ocupado por Israel, en una "violación del derecho internacional", según Naciones Unidas.
"CAF, rompe relaciones"
"Palestina Libre"
"CAF, cómplice de genocidio"
Las paredes del exterior de la planta en Beasain, Guipúzcoa, expresan en euskera la repulsa al proyecto de CAF, que desde septiembre forma parte de la lista del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con empresas con negocios en la ocupación israelí de territorios palestinos. Hay otras tres españolas: Actividades de Construcción y Servicios (ACS), la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco). Esta última depende del Ministerio de Transportes, al estar participada por tres empresas públicas, Enaire, Adif y Renfe.
Se les imputan diferentes actividades, pero CAF es la que se lleva el mayor reproche por suministrar equipos y materiales que "facilitan" los asentamientos, prestar servicios de apoyo o utilizar recursos naturales. A ACS y SEMI, en cambio, se le achaca solo el uso de recursos y a Ineco, la prestación de servicios de apoyo y mantenimiento.
"No podemos vincularlo de una forma directa con el genocidio, pero sí con un contexto continuo de violaciones de derechos humanos de la población palestina por parte de Israel durante años, décadas", afirma la portavoz de Amnistía Internacional, Nuria Berro, en una conversación con RTVE Noticias, después de que el lehendakari Imanol Pradales haya negado estos días que CAF "contribuya" y sea "corresponsable" del genocidio.
La respuesta de estas empresas es variada. Mientras la guipuzcoana niega su responsabilidad, ACS aseguró a EFE que no tiene actividad en Israel (el informe habla solo de uso de recursos, igual que para SEMI). Ineco ha confirmado a RTVE Noticias que están en un "proceso de desvinculación firme y continuado" de sus contratos desde la escalada de violencia en Gaza y que la actividad todavía pendiente se encuentra en territorios reconocidos internacionalmente en Jerusalén, Haifa o Nazaret.
CAF dice que no vulnera derechos y defiende un "impacto positivo"
CAF, participada en un 3% por el Gobierno vasco, asegura que cuentan con informes de expertos "independientes de reconocido prestigio" que descartan que estén vulnerando el derecho internacional con su consorcio con la constructora israelí Shapir para el proyecto valorado en 1.800 millones de euros. Alegan también que no han recibido reproche de la administración española competente y que sus análisis no identifican "ninguna vulneración de los derechos humanos".
"Al contrario, el proyecto de Jerusalén genera impactos positivos en la población", apuntan en su comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que aseguran que la comunidad árabe es también usuaria del tranvía y que, durante la construcción, siguen una "estricta política de contratación inclusiva y no discriminatoria".
No obstante, su caso se menciona específicamente en el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, titulado "De la economía de la ocupación a la economía de genocidio".
Albanese documenta ahí la "maquinaria corporativa que sustenta el proyecto colonialista israelí de desplazamiento y sustitución de los palestinos en los territorios ocupados" y señala que la "complicidad" es solo la "punta del iceberg" de una economía que se ha beneficiado de "la ocupación ilegal, el apartheid y, ahora, el genocidio". A CAF la incluye en el epígrafe "remplazo" y recuerda que se sumó al proyecto "en un momento en que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional".
Amnistía Internacional sigue de cerca el asunto y ha participado en las protestas desde que en 2019 CAF se presentara a la licitación. "En ese momento ya había sido declarado ilegal por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2016 y 2017. Hay empresas que se retiran precisamente por la presión social de que van a participar en un proyecto que es ilegal", explica Berro.
Por su parte, fuentes de Ineco, con actividad en Israel desde 2005, explican que van a recurrir su inclusión en la lista de la ONU. La compañía continúa dando apoyo técnico en proyectos de ingeniería y consultoría de transporte para uso civil, pero han renunciado expresamente a participar en "todas las nuevas oportunidades y pedidos de la administración y empresas israelís".
Según defienden, en el último año sus ingresos allí se han reducido a la mitad, al pasar "de más de siete millones de euros de ingresos medios anuales en el periodo 2020-2022, a menos de cuatro millones a cierre del ejercicio 2024".
Repercusión en las inversiones y el negocio
La lista de la ONU incluye un total de 158 empresas, la mayoría israelíes (138), aunque también hay de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Portugal, Canadá, Luxemburgo y Países Bajos. Pero, ¿qué utilidad tiene?
Nuria Berro, de Amnistía Internacional, menciona el "derecho a la información" de los ciudadanos, pero pone el acento en la repercusión que tienen en la inversión y el rendimiento de sus negocios, puesto que puede afectar a sus calificaciones por parte de las agencias de rating o, directamente, descartarles de determinados concursos públicos.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una resolución para excluir de sus licitaciones a las empresas de la lista, lo que supuso la exclusión de la francesa Alstom en un concurso de 320 millones de euros para la compra de convoyes para el metro de Barcelona.
Según adelantó El Economista e informó Eldiario.es, la multinacional francesa, que ya había suministrado antes a los transportes metropolitanos de la capital catalana, impugnó la decisión en los tribunales, alegando que ya no tenía actividad en los territorios palestinos ocupados. La última actualización de la lista de la ONU les ha dado la razón: ya no están incluidos.
Otra empresa señalada en el pasado informe de 2023 y que ya no lo está es eDreams, con sede actualmente en España. La plataforma de reserva de viajes anticipaba este cambio a principios de septiembre, en tanto que retiró los alojamientos en los territorios ocupados, según expresó en un comunicado recogido por Europa Press.
En el caso de CAF, el debate ha llegado igualmente al terreno político en el País Vasco. Tanto Elkarrekin Podemos como Sumar Mugimendua han lanzado reproches desde el Parlamento, mientras el lehendakari pide que no se "instrumentalice el drama palestino" y se tenga "cuidado con los señalamientos" en democracia.
En ese sentido, la diputada general de Gipuzkoa Eider Mendoza, del PNV, pidió no mezclar la situación en Palestina y el reproche al Gobierno de Benjamín Netanyahu con la cuestión económica, porque, si CAF abandonara el contrato, "podría suponer el cierre de la empresa o llevársela a otro sitio" con la repercusión en empleos que eso tendría.
Pero Pradales también instó a la ferroviaria a "que hiciera una reflexión ética", aunque siempre fuera a respetar su decisión. "Eso ya es una grieta en el apoyo", opina la portavoz de Amnistía Internacional.
Dentro del Gobierno central también hay algunos matices en las posiciones. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que "no puede entrar" en las decisiones de una empresa privada como CAF y recordó que el embargo a Israel aprobado solo afecta a las armas y productos de "doble uso" militar y civil. Pero pocos días después, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, anunciaba una investigación a las empresas que publiciten servicios o productos de los territorios palestinos ocupados. Este departamento no puede regular la actividad que realizan allí, pero sí la promoción que hacen de ello.
La lista de la ONU no prevé sanciones, pero insta a los Estados a adoptar las "medidas adecuadas" para impedir los abusos de los derechos humanos "por medios judiciales, administrativos, legislativos u otros medios apropiados".
La pelota también está en el tejado de las empresas, a las que pide protocolos para "demostrar" que respetan los derechos humanos realmente y que, en el caso de que los hayan vulnerado en alguna ocasión, prevean medidas de reparación.
